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Posted by mcusmai in ambito profesional, entorno laboral

Trabajador analfabeto y deber de ocupación

Fuente: Reuters

Un trabajador se consideró despedido luego de comunicar a su empleador el alta médica con tareas livianas y obtener una respuesta negativa por no saber leer ni escribir. Iniciada acción judicial, la sentencia admitió la pretensión. La Cámara admitió, además, una indemnización por daño moral.

Sumarios

Un trabajador que no sabe leer ni escribir se encuentra facultado para realizar múltiples tareas que no requieren de esos conocimientos, por lo tanto, invocar que esa circunstancia es suficiente para negarle tareas livianas luego del alta médica debe rechazarse, máxime cuando la empleadora no detalló cómo estaba organizada la empresa y en qué sectores era requisito saber leer y escribir para desarrollar las tareas.

La indemnización por daño moral solicitada por el trabajador es procedente —en el caso, por $20.000—, habida cuenta que padeció la situación de no otorgarle tareas y perder su fuente de trabajo por el hecho de no saber leer ni escribir, lo que causó un daño que debe ser reparado.

Fallo

Causa N° 8218/2011

2ª Instancia.- Buenos Aires, julio 13 de 2016.

La doctora Ferreirós dijo:

  1. A fs. 5/13 se presenta el actor e inicia demanda contra INCOPP S.A. y contra Eduardo Francisco Cortes en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedor con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Señala que ingresó a laborar el 2 de noviembre de 1998, en la compañía dedicada al procesamiento de pescado y fábrica de escamas de hielo.

Detalla, que en junio de 2002 sufrió un accidente laboral al golpearse la mano, por lo que tuvo que ser operado. Con el diagnostico de túnel carpeano.

En 2003 se golpeó nuevamente y luego de una cantidad de tratamientos debió ser intervenido quirúrgicamente, en junio de 2005, con un diagnostico agravado de “Sinovitis Tuberculosa”.

Denuncia haber sido desatendido por su empleadora y por la ART.

Afirma que en abril de 2010 se le notificó el comienzo de la conservación del puesto de trabajo.

En junio de 2010 le notificó a su empleador el alta médica pero con tareas livianas, a lo que la demandada le contestó en forma negativa, por lo cual el trabajador se sintió discriminado y despedido.

Solicita la responsabilidad solidaria del Sr. Cortes.

A fs. 90/94 INCOPP S.A. contesta demanda niega todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda, salvo los expresamente reconocidos.

La sentencia de primera instancia (fs. 408/414), en la cual el “a quo”, luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la causa, decide en sentido favorable a las principales pretensiones del actor.

Los recursos que analizaré llegan interpuestos por la parte demandada (fs. 421/422) y por la actora (fs. 423/426).

II- Por una cuestión de mejor orden metodológico, trataré en primeros términos las cuestiones planteadas por la parte demandada.

Se agravia el presentante, pues sostiene que no está controvertido en autos que el trabajador no sabe leer ni escribir por lo tanto, ese hecho ya es suficiente para concluir que no había en la empresa tareas livianas para asignarle.

Adelanto que su pretensión de que se modifique el fallo no ha de tener favorable andamiaje.

En efecto, frente al requerimiento del trabajador que fundado en prescripción médica, solicita nuevas tareas, el empleador haciendo uso de la facultad conferida en el art. 212 de la L.C.T., alega imposibilidad de otorgar tareas distintas, por lo cual el actor se considera injuriado y despedido.

Deseo señalar que es función del jurista reconstruir el pasado para ver quién tiene razón en el presente y según se haya distribuido la carga de la prueba, será la actividad que deba desarrollar cada uno.

Esa carga determina lo que cada parte tiene interés en probar para obtener el éxito en el proceso y debe apuntar al objeto de la prueba, es decir los hechos no admitidos y no notorios que a la vez de controvertidos, sean conducentes a la dilucidación del litigio.

En el caso que nos convoca, la demandada tuvo a su cargo la prueba de su imposibilidad en cuanto al otorgamiento de tareas livianas, entiendo que este objeto no ha sido alcanzado por aquélla.

Digo ello, pues, hay en el expediente una gran orfandad probatoria al respecto; me explico, es la demandada quien debía acercar al proceso elementos probatorios que abalaran su postura, mas ello no ha ocurrido, sino que simplemente, indicó que el hecho que el actor sea analfabeto era cuestión suficiente para no otorgarle tareas acordes a la prescripción médica.

En este punto, no encuentro argumento fáctico ni jurídico, que me permitan apartar de lo decidido en grado pues deseo resaltar que una persona que no sabe leer ni escribir, se encuentra facultada para realizar múltiples tareas que no requieren de dichos conocimiento, por lo tanto, es mi ver que el sencillo argumento vertido por la demandada, no resiste el menor análisis, máxime si tenemos en cuenta que no se ha detallado siquiera mínimamente, como estaba organizada la empresa, y en qué sectores era requisito saber leer y escribir para desarrollar las tareas.

Por lo antes analizado, propongo la confirmatoria del fallo en este sustancial segmento.

III- En cuanto al planteo del apelante en tanto sostiene que la sentenciante yerra al señalar que la demandada fue quien decidió el despido, no advierto cual es el agravio que le causa a la quejosa, pues es clara la sentenciante a fs. 409 cuanto indica “… no se halla controvertido que la causal de despido invocada por la accionante sea la negativa de tareas…”.

Cabe aclarar que el desarrollo de la sentencia es en función, a la afirmación antes indicada, por lo tanto, no se logra apreciar de que modo el apelante se ve agraviado en este punto.

IV- Apelación parte actora.

Pretende la quejosa, que se haga lugar a su reclamo por horas extras impagas.

Más allá del gran esfuerzo dialéctico desplegado por el agraviado lo cierto es que sus manifestaciones, no resultan suficientes para revertir lo decido en grado.

En primer término recordemos que el art. 65 de la L.O establece en sus apartados “… 3) La cosa demandada, designada con precisó; 4) Los hechos en que se funde, explicados claramente (…) 6) La petición en términos claros y positivos…”.

Es decir la demanda tal como ha sido presentada no es autosuficiente como para determinar los alcances de su pretensión judicial.

A mayor abundamiento, cabe señalar que en la expresión de agravios vertida por el quejoso, tampoco expresa la medida de su interés en este segmento.

A lo antes indicado, cabe agregar que según surge de la pericial contable (fs. 296/299) el trabajador percibía su salario bajo el concepto de Enfermedad justificada, es decir, el actor se encontraba en licencia laboral, por lo tanto mal podía cumplir con horas extras.

Por los argumentos expuestos, no encuentro argumentos que me permitan apartar de lo decidido en este punto.

VI- Pretende la quejosa, que se extienda la responsabilidad a la persona física demandada.

La sentenciante para decidir como lo hizo, señalo “…en la medida que en la demanda no se invocó, así como tampoco se acredito en el “sub examine”, que hubiesen habidos pagos clandestinos al actor…”; argumento no refutado por el apelante.

De este modo, la negativa a otorgar tareas livianas, o bien la falta de pago de la indemnización que hubiese correspondido, como ocurrió en el presente caso, son típicos incumplimientos de carácter contractual que no suponen maniobras defraudatorias como el encubrimiento de la relación laboral, la disminución de la antigüedad o el ocultamiento de parte de la remuneración, de la que resultan inmediatamente responsables las personas que las pergeñan.

Como puede advertirse los rubros reclamados (y que son objeto de condena) son consecuencia de meros incumplimientos contractuales, de modo que comparto la conclusión a la que ha arribado la sentenciante en ese sentido, por lo que cabe confirmar el fallo en este ítem.

VII- Cuestiona la apelante que no se haya hecho lugar al reclamo por daño moral.

En primer lugar cabe recordar que la indemnización civil por daño moral sólo cabe en supuestos especiales. Esta Sala tiene dicho que desde el punto de vista extracontractual el daño moral sólo procede en aquéllos casos en los que el hecho que lo determina haya sido por un hecho de naturaleza extracontractual del empleador, es decir si el despido va acompañado de una conducta adicional ilícita que resulte civilmente resarcible, aún en ausencia de vínculo laboral (en igual sentido “Zarza, Mario Rubén c. Línea 17 S.A. y otro s/ despido”, sent. 30.767 del 19/05/1998, entre muchos otros). Además, debe causar en el trabajador un grave menoscabo en sus sentimientos o buen nombre.

A mayor abundamiento, deseo dejar sentado que el legislador civil se ha ocupado del daño moral en dos andariveles que lo ubican en los dos ámbitos de responsabilidad que Vélez Sarsfield delimitó en su código.

Cuando se hace referencia a un hecho de responsabilidad extracontractual, rige el art. 1078 del C. C. que resulta de aplicación insoslayable para los jueces. A diferencia de ello, el art. 502 del mismo cuerpo legal que aprehende la posibilidad de existencia de daño moral por incumplimientos contractuales, resulta de aplicación discrecional y sujeta a prueba. Por ello el artículo reza: “…Los jueces podrán…”.

Sentado ello y teniendo en cuenta las particulares circunstancias del caso, concluyo que el actor ha padecido, la situación de no otorgarle tareas y perder su fuente de trabajo por el hecho de no saber leer ni escribir, lo que ha causado en él un daño que debe ser reparado.

Por los argumentos propuestos, propicio fijar la suma de $ 20.000, en concepto de reparación por el daño sufrido.

Lo que eleva la condena a la suma de $122.647,74, más intereses según se han fijado en la etapa anterior.

VIII- En atención a la modificación del fallo que dejo propuesta y lo normado por el art. 279 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, sugiero efectuar una imposición de costas y una regulación de honorarios en forma originaria, que torna de tratamiento abstracto los recursos incoados al respecto.

En consecuencia, propongo se mantenga lo decido en relación a la imposición de costas, así como también confirmar los porcentajes establecidos para la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, pero tomando como base el nuevo monto de condena que dejo propuesto en el respectivo considerando (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación).

En cuanto a las costas de alzada propongo que se impongan a cargo de la demandada vencida y regular honorarios para los letrados de la demandada en el 25% y en el 35% para el letrado de la parte actora.

El doctor Rodríguez Brunengo dijo: por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

El doctor Guisado: no vota (art. 125 ley 28.345).

A mérito de lo que resulta del presente acuerdo el Tribunal resuelve: 1) Modificar el fallo y elevar la condena a la suma de $ 122.647,74 (ciento veintidós mil seiscientos cuarenta y siete pesos con setenta y cuatro centavos), más intereses según se han fijado en la instancia anterior. 2) Mantener los establecidos para la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, pero tomando como base el nuevo monto de condena. 3) Confirmar el fallo en todo lo demás que ha sido materia de agravios. 4) Declarar a las costas de alzada a cargo de la demandada vencida y regular honorarios para los letrados de la demandada en el 25% (veinticinco por ciento) y en el 35% (treinta y cinco por ciento) para el letrado de la parte actora. Regístrese, notifíquese y devuélvase. — Estela M. Ferreirós. — Néstor M. Rodríguez Brunengo.

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